Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha comparecido este jueves en la Comisión Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, se ha mostrado visiblemente enfadado con la oposición respecto a la gestión de los centros residenciales.

Iglesias ha reclamado consenso para avanzar hacia «un sistema de cuidados y atención a la dependencia público y de calidad», frente al de privatizaciones que han colocado a nuestros mayores «en una situación de enorme vulnerabilidad».

También ha apostado por la necesidad de emprender «medidas de fondo» ante la evidencia de que «las medidas extraordinarias de apoyo a las comunidades autónomas para que tuvieran más instrumentos para proteger las residencias en esta crisis, no abordan las carencias estructurales que han quedado al descubierto en toda su magnitud a raíz de la pandemia».

«Hoy es un consenso transversal que las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el Sistema de Atención a la Dependencia acumulados desde 2012, han colocado a nuestros mayores en una situación de enorme vulnerabilidad», ha señalado.

Para Iglesias, la reconstrucción social y económica debe incorporar «ese consenso y avanzar en la dirección de reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas».

«¿De quién es la responsabilidad?»

El líder de Podemos ha reprochado a Alicia García, diputada del Partido Popular, y a María de los Reyes Romero, diputada de Vox, que le continúen exigiendo responsabilidades por las muertes de mayores en residencias, cuando el ejecutivo madrileño de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dio la orden de no hospitalizar a pacientes de residencias. “Lo de las residencias es un escándalo”, ha señalado.

Iglesias ha señalado un documento «que demuestra que había órdenes del Gobierno de Madrid de rechazar el traslado de ancianos a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia».

«¿De quién es la responsabilidad?», ha preguntado Iglesias, quien ha lamentado la poca «vergüenza» de las parlamentarias por mantener la responsabilidad del Gobierno respecto a los centros residenciales.

”¿Ustedes saben leer?”, ha preguntado Iglesias, quien mostró su enfado: “Lo que hizo este Gobierno fue aumentar las competencias de los gobiernos autonómicos y lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue prohibir, prohibir, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, prohibir el traslado de ancianos. Y ustedes tienen la poca vergüenza a venir aquí y decir que eso no es competencia de la señora Ayuso cuando su consejero de Políticas Sociales está calificando la actuación de su propio Gobierno como posiblemente ilegal. Creo que en este asunto podrían ustedes ayudar, porque se ha hecho mucho daño”. 

Iglesias ha recordado que el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, asegura que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, “le quitó la competencia de las residencias” y “calificó de inmoral y puede que hasta ilegal la orden del Gobierno de Ayuso de no trasladar ancianos de residencias a hospitales”. El vicepresidente ha afirmado que, según Reyero, esto se hizo en contra del criterio de su Consejería.

«El consejero de Ayuso se mostró a favor de crear una comisión que analizara la mortalidad durante la pandemia», ha añadido. Para Iglesias esas decisiones del gobierno popular madrileño son «un escándalo» y prohibir el traslado de ancianos a los centros hospitalarios «ha costado muchas vidas». La Comunidad de Madrid ha asegurado que el informe se envió «por error».