Los cazadores han esgrimido históricamente su supuesta labor de control poblacional. Se trata de una falsa excusa para defender la cruel actividad que ejecuta a millones de animales cada año en nuestro país.
Es contradictorio fomentar la caza como herramienta para controlar poblaciones de especies, tal y como sostienen los cazadores, y que a la vez estén aumentando las granjas que se dedican a repoblar esas mismas especies.
En ellas se crían conejos, perdices, jabalís, palomas, gamos, faisanes, ciervos, muflones y otras especies con el único propósito de suministrar a los cazadores de víctimas a las que matar.
Según apuntan varios expertos, el tiempo óptimo para que estos animales en cautividad pudieran integrarse en su nuevo ecosistema sería de un año, pero esto nunca se cumple y muchas veces se sueltan desde la granja al campo y no están en él más de 48 horas, ya que pronto se cazan.
Normalmente los clientes de las granjas cinegéticas son cotos privados de caza, que pagan para matar a estos animales sin pensar en el impacto que genera en el medioambiente.
Los cazadores quieren escudarse en el aumento de población para justificar sus matanzas, pero en realidad es su propio sector el que las produce.
Las granjas cinegéticas han proliferado notablemente en varios puntos del territorio nacional y no todas ellas son legales. El gran oscurantismo alrededor de este negocio hace difícil incluso contabilizar cuáles son las granjas cinegéticas que hay repartidas por toda la geografía española.
Según el informe Impacto Económico y Social de la Caza en España elaborado por la Fundación Artemisan en colaboración con Deloitte en 2018, la actividad cinegética es un negocio que genera 6.475 millones de euros al año y que da trabajo a 187.000 personas.
La caza por su parte conlleva un gasto directo que supera los 5.470 millones de euros. Se calcula que cada cazador destina una media de más de 9.000 euros al año a esta práctica, un gasto que incluye, el acceso al coto o la compra del arma y de la munición, entre otros.
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