Manifestaciones y disturbios en Panamá contra la reforma de la Constitución encabezadas por colectivos LGTBI, estudiantes y trabajadores. Los manifestantes denuncian que las reformas favorecerían intereses alejados del bienestar de la mayoría y propiciarían subsidios a universidades privadas en detrimento de las públicas.

Esto podría conducir a la precarización de la enseñanza, ya que queda sin garantía el mejoramiento de la educación universitaria, advirtieron los académicos quienes adelantaron acciones como la marcha realizada, la creación de un comité de defensa de la universidad pública y la realización de un foro sobre las reformas.

Uno de los cambios eliminaría el deber del Estado de dotar del presupuesto indispensable a las universidades públicas, lo que las provee de autonomía económica, al tiempo que propone darle asistencia económica por igual a las universidades oficiales y particulares, además de eximir a estas últimas del pago de impuestos.

«Declaramos nuestro rechazo porque las mismas les quitan a las universidades públicas la función fiscalizadora de las universidades particulares, lo que equivale a suprimir el poder de intervenir del Estado, puesto que las universidades públicas realizan la fiscalización en nombre del mismo», señaló un comunicado Eduardo Flores, rector de la UP.

Flores critica en concreto la modificación del artículo 99 y el artículo 104  “les quita a las Universidades Oficiales la potestad de ser la fiscalizadora de la Educación Superior”. La propuesta de modificación para el artículo 99 se basa en que solo se reconocen los títulos académicos y profesionales expedidos por el Estado o autorizados por este de acuerdo con la Ley. Además se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la Calidad de la educación Superior de Panamá como un organismo con autonomía administrativa, académica, personería jurídica y patrimonio propio. La Ley reglamentará la Educación Superior de Panamá.

Mientras tanto, en el Artículo 104 las Universidades Oficiales y Particulares están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna. Serán deducibles  de la renta neta grabada por el impuesto sobre la renta las donaciones que se otorguen a favor de las Universidades, entidades culturales o científicas. El Estado dará asistencia económica a las Universidades Oficiales y Particulares para el cumplimiento de sus propios fines. Las Universidades Oficiales y Particulares no podrán ser objeto de procesos de ejecución, ni podrán ser intervenidos salvo el caso de que la obligación que se haga valer provenga de contratos civiles, mercantiles o laborales.

El matrimonio, solo entre un hombre y una mujer 

La reforma de la constitución implicaría también el cierre del matrimonio igualitario, en uno de los artículos del paquete dice que «el Estado reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer».

En Panamá la legislación no reconoce el matrimonio igualitario. Pero dos panameños han presentado recursos ante la Corte Suprema de Justicia para que sus matrimonios con personas del mismo sexo sean reconocidos.

Por su parte el diputado oficialista, Jairo Salazar señaló que «me reuní este fin de semana con el grupo más grande de pastores (evangélicos) que existen (en Panamá) y están muy complacidos con nosotros» por haber resuelto la prohibición del «matrimonio igualitario». Un gobierno que busca el beneplácito de la Iglesia para lograr medidas represivas. Un flaco favor a la democracia.

Sin embargo, estas no son las únicas medidas liberales y represivas que quieren modificarse. Los diputados han estado introduciendo propuestas como criminalizar la opinión publicada en redes sociales o medios tradicionales, negar la nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en Panamá y crear nuevos entes como fiscalías especiales.

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