María Martínez, madre de una alumna de Murcia, ha hecho uso del veto parental a través de una carta enviada al gobierno murciano para evitar que su hija asistiese a la visita del Gobierno de Murcia a su escuela este miércoles.

La madre señala que su hija tiene 19 años y hasta los 18 tenía un 34% de discapacidad por la hidrocefalia que sufre, que la lleva a ser portadora de “una válvula ventrículo-craneal”. La madre denuncia que cuando alcanzó su hija la mayoría de edad, un psicólogo del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) la atendió “durante 10 minutos” en una revisión y “decidió quitarle totalmente” la discapacidad “porque dijo que el cerebro de mi hija había madurado del todo”.

Denuncia que con esta medida se le cierran «el 50% de sus opciones de futuro, ya sean de educación o laborales», y ha plantado cara al presidente de Murcia, al que ha tenido la oportunidad de entregar personalmente la carta, eludiendo: «Bastantes problemas de carencias de materiales y personal, como para que vengan ustedes a hacerles perder clases». Además le ha explicado que «Como ustedes nos han dado el arma del pin parental, pues yo lamentablemente la uso contra usted», a lo que López Miras ha respondido: «Y me gusta». María ha vuelto a responder visiblemente enfadada: «El pin parental no es libertad».

María Martínez ha denunciado que su hija está recibiendo graves insultos y acoso a través de un grupo de Whatsapp que tienen los estudiantes del curso a raíz de su decisión. Recibe fotos de Hitler, de Mussolini, de Franco, la esvástica… e insultos por ser mulata llamándola negra.

Así que de momento han decidido que mañana no vaya al instituto por el acoso que está sufriendo y más adelante la cambiarán de instituto porque no tiene suficiente capacidad de retención y memoria para el nivel en el que está.

El presidente de Murcia atendió finalmente el requerimiento de María y se comprometió junto con la consejera de Educación, Esperanza Moreno, a encontrar una solución alternativa a la situación de su hija.

Este hecho ha ocurrido después de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que lidera Isabel Celaá presentase un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el pin parental en el que solicitaba su suspensión cautelar.