La idea de que los gigantes tecnológicos han estado abusando de su poder y de su dominio del mercado durante demasiado tiempo parece estar calando entre la judicatura norteamericana a múltiples niveles: el pasado día 13, un tribunal condenó a Apple a pagar trescientos millones de dólares por infracción de patentes relacionadas con el 5G, el mismo día que otro tribunal consideraba a Google responsable de la infracción de cinco patentes propiedad de Sonos relacionadas con sistemas de audio multiestancia.
Son únicamente dos ejemplos que ilustran cómo la narrativa del dominio aplastante de las big tech, capaces de tomar prácticamente cualquier tecnología de competidores más pequeños y simplemente agotarlos en el frente jurídico hasta que desistiesen, empieza a cambiar. Hasta ahora, la respuesta extraoficial de algunos de esos gigantes era sencilla: sí, posiblemente habremos infringido algunas de tus patentes, qué le vamos a hacer… pero denúncianos, nos da igual, porque tenemos infinitos más recursos que tú. Ese «so sue me«, amparado habitualmente en la doctrina del daño a los consumidores – si éstos no terminan pagando precios más elevados como resultado de la infracción, no hay un perjuicio, y por tanto, no hay castigo – posibilitó que muchas de esas compañías operasen como auténticos tiranos, permitiendo que empresas más pequeñas explorasen determinados ámbitos por ellas para, posteriormente, copiar su tecnología, vender sus productos más baratos, y convertirlas en puramente marginales.
El caso de Sonos es un buen ejemplo de ello: la compañía fue capaz de convertirse en la favorita de muchos usuarios vendiendo altavoces elegantes e inalámbricos, antes de que compañías como Google o Apple inundaran ese mercado con modelos más baratos conectados a la red. Pero según el tribunal, Google infringió sus patentes para sistemas de audio multisala, y ahora la compañía espera que, como resultado de ello, las importaciones de los sistemas Home y Chromecast de Google y los teléfonos y computadoras portátiles Pixel, fabricadas en China, sean bloqueadas.
En el fondo del tema, de nuevo, Lina Khan, la académica experta en legislación antimonopolio que las big tech más temen, y por buenas razones. La persona más joven que ha dirigido la FTC, que no procede como sus predecesores de ninguna compañía de la industria, y que se ha propuesto que la doctrina del daño a los consumidores, o consumer welfare standard, no sea la predominante a la hora de juzgar si existen comportamientos de abuso monopolístico, ante la evidencia de que el abuso de esa doctrina a lo largo de las últimas décadas ha llevado a que las big tech hayan provocado daños a sus trabajadores, a la innovación e incluso a la democracia. En su muy conocido artículo en el Yale Law Journal de 2017, Khan argumentaba que el dominio de las big tech, cimentado en prácticas como entregar sus productos gratuitamente o a precios bajísimos que ningún otro competidor podía igualar, suponía un perjuicio a largo plazo a unos consumidores cuyos intereses incluían la calidad, la variedad y la innovación, factores que se promovían de forma más consistente mediante un proceso competitivo sólido y un mercado abierto. Incluso considerando que las prácticas de las big tech, incluyendo sus adquisiciones y sus políticas de precio, redundaban en algunos beneficios para los usuarios, éstas terminaban siendo perjudiciales a largo plazo para los mercados y para la democracia en su conjunto.
Ahora, esta doctrina, impulsada por la administración Biden, comienza a permear de manera cada vez más clara en todos los estamentos judiciales, y los intentos de compañías como Amazon o Facebook por recusar la participación de Khan argumentando sus sesgos parecen estar fracasando claramente. Estamos ante un giro importantísimo en la forma de interpretar la legislación antimonopolio, que pone fin a una era de abusos, y que sin duda va a generar muchos dolores de cabeza para las big tech, pero también muchas oportunidades para los innovadores que sepan entender sus consecuencias.
Vienen tiempos interesantes.
Enrique Dans