El exconseller Santi Vila ha pedido al Tribunal Supremo que le devuelva la fianza de 50.000 euros que pagó para eludir su ingreso en prisión, aduciendo que los costes de desplazamiento y hospedaje para asistir a su juicio en Madrid le están dejando en una «situación económica de extrema necesidad».
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, Vila reclama la devolución de la fianza que pagó el 3 de noviembre de 2017, al objeto de «poder sufragar los elevados costes económicos de desplazamiento, alojamiento y manutención ocasionados por la celebración» del juicio del «procés», en el que afronta siete años de cárcel.
Joan Segarra, abogado del despacho Molins que defiende a Vila en el Supremo, expone en su escrito que el juicio ha comportado una «relevante disminución de los únicos ingresos económicos» de que dispone el exconseller, debido a la «drástica limitación de su actividad laboral».
Concretamente, detalla el procesado, ha tenido que suspender las clases que imparte en la Universidad Ramon Llull y ha visto «reducida considerablemente» su actividad laboral como director de una empresa de Banyoles (Girona) -Aigües de Banyoles, SAU-, dado que solo puede trabajar en ella uno o dos días semanales como máximo.
Además de los gastos por sus viajes a Madrid, Vila denuncia en su escrito que igualmente tiene que hacer frente a los costes legales de su defensa, «sin ayuda económica de ningún tipo».
El exconseller alega también que «no subsisten» los motivos que en su día motivaron que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela impusiera una fianza a Vila -el único de los exconsellers procesados a quien se la fijó-, dado que ahora está «diariamente» a disposición de la sala.
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