Sigue desenredándose la madeja del caos de tramas que rodean a José Manuel Villarejo. El polémico excomisario aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que entregó al por entonces número dos de la Policía Nacional, Eugenio Pino, la información del teléfono móvil robado a una colaboradora de Pablo Iglesias.

El contenido de dicho teléfono acabó publicado en el medio que dirige Eduardo Inda, Ok Diario, tras la repetición electoral de junio de 2016. Antes de su publicación, Villarejo e Inda se reunieron, según las notas manuscritas del excomisario que figuran en el sumario y al que ha tenido acceso eldiario.es. A la cita también acudió el por entonces periodista de El Español Esteban Urreiztieta, actualmente en El Mundo.

Es importante recordar que la Audiencia Nacional se encuentra instruyendo una causa que ya acumula hasta 25 piezas diferentes y que intenta desenmascarar a llamada «brigada política», una estructura que habría puesto en marcha el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández.

El tribunal se encuentra investigando en este momento si este robo fue un encargo del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Villarejo inculpó a los máximos responsables de la Policía Nacional, indicando que le encomendaron en 2014 y 2015 que investigara, con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, la supuesta financiación ilegal de Podemos. El entonces director general Ignacio Cosidó, y el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, le pidieron que siguiese una supuesta pista sobre Venezuela.

Según indica Villarejo, el encargo recae en el inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago. Él fue quien redactó el Informe PISA, un documento sin firma y que fue rechazado en todos los tribunales donde se presentó y que relataba la supuesta financiación ilegal de Podemos. Ese informe fue publicado por primera vez también en OkDiario en enero de 2016 con el objeto de perjudicar a Podemos.

Pablo Iglesias testificó como perjudicado un día antes de la de Villarejo. En su declaración sostiene que el robo del móvil es un encargo y que la publicación de su contenido se produce en momentos políticos clave de 2016, como las negociaciones con el PSOE o el preludio de la repetición electoral.