El comisario jubilado José Manuel Villarejo se sienta en el banquillo de los acusados este miércoles para someterse al primer juicio de la macrocausa ‘Tándem’, que gira en torno a sus negocios privados. El juicio arranca hoy, 13 de octubre, y está previsto que se desarrolle en más de una veintena de sesiones que se prolongarán hasta principios de 2022.

Anticorrupción acusa a Villarejo de llevar a cabo «una multitud de actuaciones ilícitas» aprovechándose de su condición policial, incluido el acceso a «datos reservados y sensibles» de las víctimas de este presunto espionaje. Desde información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social, que habría conseguido de bases restringidas con la ayuda de otros agentes, funcionarios y colaboradores externos.

La Audiencia Nacional juzgará a la vez las piezas separadas conocidas como ‘Pintor’, ‘Iron’ y ‘Land’, por las que la Fiscalía pide que sea condenado a más de cien años de cárcel. Villarejo intentará librarse de prisión haciendo valer su estatus de abogado codefensor, admitido durante la fase de instrucción. Esta situación le permitirá interrogar a otros imputados y a testigos junto al otro letrado de su defensa, Antonio José García Cabrera.

Más de 30 acusados pasarán a declarar contra y a favor de Villarejo entre los que destacan su socio, Rafael Redondo, y su mujer, Gema Alcalá, así como el comisario Enrique García Castaño, que se enfrentan a penas de 115, 86 y 81 años de cárcel, respectivamente.

Cuatro años de espera

Este juicio contra Villarejo llega casi cuatro años después de que el comisario fuera detenido por una causa que ha ido engordando hasta configurar un puzzle de más de una treintena de piezas separadas. Las piezas están formadas por los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial, radicado en la Torre Picasso de Madrid. Villarejo habría asumido estos trabajos siendo comisario en activo y se habría valido de los recursos policiales a su alcance para cumplir con sus clientes.

Desglosamos las tres piezas:

Una de las piezas principales, ‘Iron’ (pieza 2), juzgará si el despacho de abogados Herrero&Asociados contrató a CENYT en junio de 2013 para que espiara a un bufete de la competencia. Villarejo tenía que obtener información para nutrir una denuncia que el comisario hizo progresar en sede policial para causar un daño reputacional. Los denunciados tuvieron que declarar como imputados. Por estos hechos, Fiscalía plantea que Villarejo sea condenado a 57 años de cárcel y al pago de una multa de más de 700.000 euros por presuntos delitos de cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, todo ello con la circunstancia agravante de haberlos cometido con prevalimiento de su carácter público.

‘Land’, otra de las grandes pieza, Anticorrupción relata que la compañía PROCISA habría contratado a CENYT entre 2012 y 2014 para que le suministrara «información reservada» sobre terceros para utilizarla contra ellos de cara a resolver «situaciones de crisis empresarial». Villarejo realizó informes, trabajos de inteligencia y análisis de información, así como de «intoxicación informativa en los medios de comunicación», contra una serie de personas cuyos intereses económicos podían perjudicar a PROCISA. La Fiscalía insta a condenar a Villarejo a 38 años y 10 meses de cárcel por esta piezay al pago de una multa de 252.000 euros por delitos de cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

En ‘Pintor’, la tercera pieza, se juzgará el encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz a Villarejo en 2017, cuando ya se había jubilado como comisario, para supuestamente extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía, para que afrontara el pago de una deuda de más de 1,5 millones de euros que Hacienda les reclamaba de forma solidaria. Por esta parte se enfrenta a una condena de casi 14 años de cárcel para Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración.

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