El pasado jueves 12 de febrero, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional decidía conceder la libertad condicional al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio por el escándalo de las tarjetas black y en prisión desde el 25 de octubre de 2018.
En el auto, el juez se remite al artículo 196.1 del Reglamento Penitenciario que contempla la concesión de la libertad condicional a los presos septuagenarios o que esté previsto que alcancen esa edad durante la condena y además Rato mostraba un “pronóstico favorable” de reinserción. A pesar de no tener cumplidas las tres cuartas partes de la condena, el juez le concedía la libertad condicional.
El ex director gerente del FMI fue condenado en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional por un delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, con las que él y otros 64 directivos y consejeros de la entidad gastaron 12,5 millones entre 2003 y 2012, mientras la caja se iba a la quiebra y era nacionalizada en la actual Bankia, un rescate que costó 22.424 millones de euros de dinero público.
Rato tenía otra gran causa judicial abierta contra él: la de la salida a bolsa de Bankia, que él encabezó y por la que la Fiscalía reclamaba para él ocho años y medio de prisión por estafa y falsedad contable, pero la Audiencia Nacional lo absolvió el pasado septiembre junto a los otros 33 acusados, lo que le permitió que se le concediese días después el tercer grado o régimen abierto, tal y como informaba El País.
Este miércoles por la tarde también el excomisario José Manuel Villarejo en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como principal encausado en el caso ‘Tándem, ha recobrado la libertad después de que el magistrado Manuel García-Castellón decidiese soltarlo ante la imposibilidad de celebrar el primer juicio contra él antes del próximo noviembre, cuando cumple los cuatro años que como máximo puede estar encerrado de forma preventiva y sin una sentencia en contra.
Eso sí, para evitar su fuga, le han impuesto unas medidas cautelares como la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.
Villarejo ha dejado muy claro que no piensa huir y que lo único que quiere es defenderse. “Soy comisario de Policía y he tenido el honor de trabajar para mi país, y digo lo de siempre: las cloacas no generan mierda, la limpian”, ha añadido.
“Me lo han robado todo, pero no me pueden robar que siga creyendo en la justicia porque entonces mi vida no habría tenido sentido”, ha zanjado.
Mientras Rato y Villarejo recobraban la libertad, el rapero Pablo Hasél era detenido el pasado 16 de febrero en el edificio del rectorado de la Universidad de Lleida donde se había encerrado, para que cumpliese una condena de nueve meses por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las instituciones del Estado por unos tuits y las letras de sus canciones.
Hasél en la cárcel desde hace dos semanas
En abril de 2014, Hásel ya había sido condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por unas canciones subidas a Youtube en las que hablaba de ETA, los Grapo o Al Qaeda. La ejecución de la sentencia fue suspendida en 2019 ya que no superaba los dos años y el rapero no tenía otros antecedentes penales.
Sin embargo, el auto advertía que si volvía a delinquir se procedería a ejecutar la pena impuesta y, por ello, tras su reincidencia, la Audiencia Nacional ha dictado su ingreso en la cárcel.
Hasél lleva dos semanas en el Centro Penitenciario de Ponent, en la ciudad de Lleida, cumpliendo una condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, a la que se sumó una segunda condena por amenazar a un testigo judicial que se confirmó cuando ya estaba en prisión.
Ahora, tras agotar todas las vías judiciales en España, su defensa prepara el recurso que presentará previsiblemente este mes que viene ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). «Auguro un intenso debate en Estrasburgo porque existe materia suficiente para condenar a España por una vulneración de derechos humanos», ha señalado el letrado Diego Catriel Herchhoren.
Sin embargo, aunque la defensa de Pablo Hasél tiene seis meses desde la resolución del Tribunal Constitucional para recurrir ante el TEDH, el proceso suele llevar varios años hasta que los magistrados de Estrasburgo se pronuncian sobre estos contenciosos, por lo que es posible que el rapero cumpla su pena de prisión antes de que haya sentencia.