La violencia vivida el año pasado durante las elecciones presidenciales de Brasil es la principal novedad respecto al Cono Sur del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado este miércoles y que denuncia la corrupción y la impunidad en la región.

Este documento, que sirve de referencia al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior destinada a cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo respecto a la situación de los derechos humanos.

El panorama en los países del Cono Sur es, según el documento, el siguiente:

BRASIL

El Departamento de Estado se centra en la violencia protagonizada por los seguidores del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante la campaña electoral y volvió a denunciar la “impunidad” de la que disfrutan las fuerzas del orden, muchas veces implicadas en ejecuciones sumarias.

Respecto a la violencia en la campaña electoral, marcada por el auge del Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro, el documento recoge que se denunciaron “50 presuntos ataques” de sus partidarios.

No obstante, Estados Unidos recuerda que el propio Bolsonaro fue víctima de una agresión, cuando el pasado 6 de septiembre fue apuñalado tras un acto electoral, por el que tuvo que ser hospitalizado.

En cuanto a la impunidad de las fuerzas de seguridad, el informe señala: “El Gobierno persiguió a oficiales que cometieron abusos; sin embargo, la impunidad y la falta de responsabilidades exigidas a las fuerzas de seguridad fue un problema, y los procesos judiciales ineficaces retrasaron la justicia tanto para los criminales como para las víctimas”.

ARGENTINA

El informe destaca “la corrupción en todos los niveles del Gobierno” y las interferencias a la “independencia judicial”, así como el elevado número de asesinatos de género, casos de tortura por parte de la policía, y las denuncias de “trabajo forzado” pese a los “esfuerzos” del Estado.

Washington alaba que el Gobierno y el Congreso argentinos trabajaran para actualizar la legislación anticorrupción, mediante la aprobación del uso de la cooperación de testigos, aunque lamentó que, por el momento, los legisladores no hayan alcanzado un acuerdo.

En cuanto a la violencia doméstica, destaca la importancia de que la violación, también en el marco del matrimonio, sea un crimen que contempla penas de hasta 20 años de prisión, pero se hace eco de las denuncias de organizaciones civiles que lamentan que “la actitud” de las autoridades hacia “las supervivientes de agresiones sexuales”, a veces, las vuelva a “convertir en víctimas”.

CHILE

La principal preocupación de Washington respecto a Chile son las denuncias de casos de tortura llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad y los abusos de menores que se encontraban bajo custodia del Estado, aunque reconoce que “el Gobierno tomó medidas para investigar y juzgar a los funcionarios que cometieron abusos”.

PARAGUAY

El informe denuncia que, pese a que el Ejecutivo “tomó medidas para acusar y castigar” a funcionarios de rango intermedio, “en general” se permitió la impunidad de dichos funcionarios y de los mandos de los cuerpos seguridad.

También recoge casos de tortura por parte de funcionarios, malas condiciones en las prisiones, detenciones arbitrarias y la participación de la policía en actividades criminales.

URUGUAY

En el caso de Uruguay, la principal crítica del Departamento de Estado es a las duras condiciones de algunos centros penitenciarios, pero en general alaba al Gobierno que “mantuvo a las fuerzas de seguridad bajo control” y que “tomó medidas” para investigar a los funcionarios que cometieron violaciones.

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