La violencia estatal mostrada por el Gobierno del presidente Daniel Ortega contra civiles, en menos de 24 horas después de haber firmado un compromiso de no represión, «va a tener repercusiones», advirtió este sábado la líder opositora Valeska Valle, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Valle lanzó la advertencia luego de que policías antimotines agredieron a un grupo de manifestantes que protestaban contra Ortega en un centro comercial de Managua, con resultado de al menos tres detenidos y varios heridos.

«Ayer se firmaron acuerdos, este es un problema enorme que va a tener repercusiones», dijo Valle, a periodistas.

Pese a que el Gobierno se comprometió anoche con la Alianza Cívica -con la que negocia una salida a la crisis local- respetar la Constitución de Nicaragua en lo referido a las libertades públicas, los policías reaccionaron de forma violenta contra un grupo de manifestantes, a varios de los cuales tiraron al suelo, inmovilizaron, y luego lanzaron patadas.

El ataque policial incluyó golpes a varios periodistas que daban cobertura a la manifestación.

«Esta es una prueba de que ellos no cumplen lo que firman. Exigimos que se cumpla con los acuerdos, si ellos no cumplen los acuerdos, vamos a tomar medidas dentro de la Alianza», afirmó la líder universitaria.

«Esta es una dictadura, nuestra manifestación es cívica, pacífica, las personas estaban resguardando su vida, y el régimen sigue reprimiendo. Daniel Ortega y la Rosario Murillo ya no pueden permanecer más en el poder, no podemos seguir con este Gobierno asesino», reclamó Valle.

Diversos sectores de la sociedad nicaragüense habían advertido desde temprano que el Gobierno no honraría el compromiso de la no violencia, tal como ocurrió en al menos dos ocasiones a mediados del año pasado, cuando reaccionó con ataques con armas de guerra hacia poblaciones civiles.

Desde el estallido social contra Ortega en abril pasado unas 325 personas han muerto en las protestas antigubernamentales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales cuentan hasta 561. El Gobierno reconoce 199.

Al menos 809 personas se mantienen en la cárcel como «presos políticos», según la oposición, mientras que el Gobierno lleva meses sin actualizar su cifra de 340 reos, a los que llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

La CIDH sostiene que el Gobierno de Nicaragua es responsable de crímenes «de lesa humanidad».

Ortega afirma que la crisis en realidad es un intento de golpe de Estado «fallido».

El proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CID) contra Nicaragua está abierto en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden constitucional, lo que podría desembocar en una suspensión del país centroamericano de ese organismo continental.