La Comunidad de Madrid va a ofrecer 48 pisos de alquiler en el centro de Madrid por 280 euros mensuales a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que sean destinados en la región.  Se han puesto a disposición de los agentes 48 pisos en régimen de alquiler en el centro de Madrid, distribuidos en cuatro inmuebles de la Agencia Social de la vivienda, con capacidad para unas 200 personas y alquileres mensuales de 280 euros.

“Queremos facilitar su vida e integración en Madrid”, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso prevé incrementar las plantillas de los agentes: “La de Madrid es una Comunidad segura, pero queremos contribuir a reforzar esa seguridad”, ha dicho la presidenta. Ayuso ha reconocido que el plan también llama a “reconocer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, a quienes “se les debe mucho, porque ponen en riesgo su integridad por defender la vida e integridad de los demás”.

Alquileres baratos también para el resto de los ciudadanos

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Estas declaraciones y las medidas a las que se refiere chocan frontalmente contra la realidad que supone encontrar un piso en Madrid para los ciudadanos que no formen parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Según los datos del Consejo de la Juventud, apenas un 19% de la población menor de 30 años pudo irse de casa a cierre de 2018. El sector lleva avisando desde hace tiempo que existe una profunda crisis de acceso a la vivienda.

Para empezar a encontrar pisos de más de 40 m2 y con un dormitorio por unos 700 euros, por supuesto, toca salir de los distritos del centro de la ciudad, para empezar a ver pisos de una habitación en Carabanchel, Ensanche de Vallecas, Canillejas, Moratalaz o el barrio de Aeropuerto, según Idealista.

Con dos dormitorios, ya hay que irse a vivir a barrios del distrito Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, Águilas por Campamento, o Los Ángeles en Villaverde. En Madrid capital, para encontrar viviendas de tres dormitorios por un alquiler de 700 euros/mes hay que trasladarse a Entrevías o al barrio de San Cristóbal en Villaverde.

En los municipios periféricos de Madrid, principalmente los del cinturón sur (Getafe, Leganes, Álcorcón, Móstoles o Fuenlabrada), la vivienda más común por 700 euros/mes es de dos dormitorios.

Sin embargo, en la zona oeste como Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas o Torrelodones, lo único a lo que se puede llegar es a alquilar un estudio. Por el norte, la oferta también se centra en pisos pequeños como el estudio de Tres Cantos, el piso de un dormitorio en Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. A partir de Colmenar Viejo y Algete ya se pueden alquilar pisos de dos dormitorios.

Por supuesto, no existen oferta de pisos en alquiler por los precios que ofrece Ayuso a los Guardia Civiles y Policías.

El drama de los desahucios

Destacan también estos alquileres baratos cuando tenemos un “drama social” que, desde hace más de 11 años, ha dejado en la calle a unas 720.000 familias: Los desahucios. En realidad, en este tema nadie se atreve a dar datos exactos, pero en 2015 el CGPJ ya daba 600.000 desde el inicio de la crisis y así lo recogía Amnistía Internacional, lo que supone una media ininterrumpida de 162 desahucios diarios en España y, máxime después de que 2018 fuera el año que más desahucios ha habido en España.

En la Comunidad de Madrid es una de las zonas donde los precios de los alquileres se han disparado, también han aumentado los desahucios en los últimos años. En el primer trimestre de este año casi dos de cada tres desahucios practicados (un 65,9%) fueron de inquilinos, según la estadística judicial. Entre enero y marzo de 2019 se practicaron en España 15.559 desahucios.De ese total, 10.224 casos derivaron de impagos del alquiler, 1700 de ellos en Madrid.

Para la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), las cifras reflejan la necesidad de «una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales». Esta organización ha difundido un comunicado a raíz de la estadística judicial para reivindicar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la que «se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación con el Salario Mínimo Interprofesional». Ayudas para todos, no para unos pocos.