PSOE y Unidas Podemos deben tener aprobada la nueva Ley de Vivienda antes del 28 de febrero pero las tensiones y discrepancias en la coalición han motivado que el partido minoritario pase al ataque y manifieste su malestar y preocupación por la falta de voluntad del PSOE.

«En este tema quiero ser, también, muy claro: es un asunto en el que tenemos profundas discrepancias con el PSOE y llegar a un acuerdo no va a ser nada sencillo. Pero en esto también vamos a ser muy cabezones. Porque lo que está en juego es en qué medida logramos que la vivienda deje de ser un activo especulativo y pase a ser, efectivamente, un derecho social, tal y como establece la Constitución. Y no tengo ningún problema en decir, como ya hemos dicho muchas veces, que las patronales inmobiliarias no solo tienen mucho poder, sino que lo ejercen todos los días para presionar dentro del Gobierno con el objetivo de que no pongan límites a sus beneficios. Y esto a veces lo hacen directamente y otras a través de sus brazos mediáticos», ha señalado Pablo Iglesias.

El Gobierno de coalición deben dar una respuesta a los grandes propietarios de inmuebles vacíos, bancos y fondos de inversión sobre la posibilidad de aprobar un nuevo impuesto o sobre la prohibición permanente de los desahucios, entre otras cosas.

Después de que hace cuatro meses se pusiera sobre la mesa la propuesta sobre la regulación de los precisos de alquiler, la formación morada se ha mostrado sorprendida con que los socialistas no se hubieran pronunciado ni hubieran realizado una contrapropuesta, después de dos encuentros en las últimas semanas entre la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el equipo de José Luis Ábalos.

Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales se han planteado cuatro propuestas concretas para redactar la nueva ley en materia de vivienda: la limitación y regulación de los precios del alquiler en las denominadas zonas tensionadas; la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional; que los grandes fondos de inversión propietarios de vivienda y la Sareb cedan sus inmuebles a los parques públicos de las comunidades y los ayuntamientos para que la ciudadanía pueda acceder a ellas en régimen de vivienda protegida y de alquiler social; y la creación de un impuesto que grave las viviendas vacías a partir del cuarto inmueble.

Sin embargo, parece que los socialistas no estarían de acuerdo con estas propuestas y apostarían por construir más inmuebles en lugar de forzar el cese de viviendas por parte de los fondos buitres y de la Sareb.

El 30% de las viviendas de los bancos debe ir al alquiler social
El 30% de las viviendas de los bancos debe ir al alquiler social

Unidas Podemos ha propuesto obligar a los grandes tenedores de vivienda, bancos y fondos de inversión a destinar el 30% de sus propiedades al alquiler social, con lo que se podría aumentar en unos meses el parque público en unos 140.000 o 150.000 inmuebles y poner fin a la emergencia habitacional que vive nuestro país de una vez por todas.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 ha asegurado que «necesitamos una ley de vivienda que corresponsabilice al sector privado en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que la vivienda debe tener»

«Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las Administraciones Públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social. Es así, y no tanto apostando de nuevo por la construcción, como vamos a lograr ampliar sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler», ha añadido.

Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, no ha querido entrar en polémicas ni en discrepancias sobre los reproches lanzados por distintos dirigentes de Unidas Podemos sobre la elaboración de la futura Ley de Vivienda.

Derecho a una vivienda digna y adecuada

Fuentes del Ministerio de Ábalos aseguran que la Ley de Vivienda «es una oportunidad histórica» para el país. «Este Gobierno ha puesto la vivienda en el centro de sus políticas. Nuestro objetivo es claro: garantizar la función social de la vivienda y el derecho a una digna y adecuada. Seguimos trabajando y perseverando en un acuerdo», han añadido.

Transportes apuesta por el modelo de alquiler portugués, que ofrece a los propietarios incentivos fiscales que decidan reducir el precio de sus arrendamientos. El Gobierno de Antonio Costa ofrece exenciones en el pago del IRPF o la reducción del IBI a los propietarios que alquilen sus viviendas a un precio reducido en un 20 % por debajo del valor de referencia del arrendamiento, un valor que se calcula en base a la ubicación de los inmuebles, los metros cuadrados, las instalaciones, la certificación energética y el precio de la zona.

Estas viviendas con alquileres rebajados son ofrecidas a personas con ingresos que no superen los 35.000 euros anuales o los 45.000 en caso de constituir una familia.

Para Unidas Podemos esta medida es un fracaso, ya que durante el primer año (julio 2019-julio 2020) se celebraron 242 contratos de arrendamiento para 10.417 solicitudes, es decir, se cubre al 2,3% de las personas que demandan un alquiler asequible.