Martín Vizcarra cumple este sábado un año como presidente de Perú, con la lucha contra la corrupción como el principal hito de su gestión, y cuyos resultados le han permitido mantener un respaldo popular aún mayoritario.

Y es que el mandatario de 56 años y natural de la región sureña de Moquegua, quien llegó a ocupar el sillón presidencial por orden constitucional tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lleva seis meses con una amplia aprobación, la que no obstante, en los últimos dos meses ha sufrido un leve retroceso, y lo ubica con un 56 % de respaldo, según diversas encuestadoras.

Así, Vizcarra tiene como reto para este nuevo año, además de continuar con la lucha contra la corrupción, atender otras importantes demandas de la población, tales como las mejoras en el sistema educativo, en el sistema de salud y la seguridad ciudadana.

Estas tareas también fueron promesas del mandatario en su discurso de toma de mando en marzo de 2018, cuando el jefe de Estado señaló que, tal como hizo en Moquegua, cuando fue gobernador regional (2011-2014), la Educación sería para su Gobierno un «pilar fundamental».

Vizcarra también realizó compromisos sobre las mejoras en el sistema de Salud, en la generación de empleo y en la lucha contra la corrupción.

No obstante, la mayoría de estas demandas aún siguen siendo temas pendientes para la población, al igual que las reformas para una mayor protección a las mujeres y reformas para crear empleos formales, tal como lo reveló una encuesta de IPSOS Perú publicada este sábado por el diario El Comercio.

Si bien Vizcarra ha mostrado su compromiso con la lucha contra la violencia de género, para lo cual ha incrementado el presupuesto en su ejecución y ha tomado la decisión de conformar un gabinete ministerial paritario, el alto número de feminicidios que se cuentan en Perú, y que solo a la fecha ascienden a más de 40, hace que este sea considerado como un tema pendiente de su gestión.

Un balance preliminar de un mandatario que llegó al poder en medio de una marcada crisis política desencadenada por el indulto otorgado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Una decisión que fue tomada como traición por la mayoría de los votantes que llevaron a la presidencia a Kuczynski, y a la vicepresidencia a Vizcarra, pero que entonces tenía como fin obtener una tregua a la presión que ejercía el fujimorismo al Gobierno con su mayoría en el Congreso, y que en menos de un año y medio ya había censurado a varios de sus ministros.

Si bien en las primeras semanas de mandato Vizcarra pareció seguir los pasos de su antecesor y buscó el diálogo con el fujimorismo, esto cambió tras el escándalo de corrupción revelado en julio del año pasado por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Precisamente estos audios de conversaciones telefónicas, donde se pone al descubierto la existencia de una organización criminal al interior de la Judicatura que negociaba prebendas y favores y que la integraban jueces y fiscales, hizo que Vizcarra encontrara un discurso propio y que a la vez conectara con un malestar generalizado en la población ante la corrupción y la impunidad.

Ello llevó a que en el discurso del 28 de julio pasado Vizcarra anunciara cuatro proyectos de reforma constitucional al Legislativo para luchar contra la corrupción, y cuyo proceso culminó con una cuestión de confianza al Congreso para que se continuara con un referéndum impulsado desde el Ejecutivo y que recibió amplio apoyo de la población.

Desde entonces, Vizcarra mejoró su popularidad y respaldo, y pasó de 39 % obtenido en julio de 2018, hasta alcanzar su máximo pico de aprobación en enero pasado, cuando obtuvo el 63 %, cifra superior a las obtenidas en un similar periodo por sus cuatro últimos antecesores en el sillón presidencial.

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