Vox mantiene al juez Francisco Serrano, investigado por la Fiscalía por un caso de presunto fraude de solicitud de subvenciones públicas destapado por infoLibre y elevado a la Fiscalía Superior de Andalucía por ser aforado, como presidente de su grupo autonómico. 

Según explica la Fiscalía: «La investigación realizada ha permitido confirmar que una sociedad limitada, Bio Wood Niebla, recibió fondos públicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través del Programa Reindus por importe de 2.489.000 euros, para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al Ministerio, y a estos efectos la sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad».

«No consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de pellets en la localidad de Niebla y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda», resume la Fiscalía.

A pesar de estas afirmaciones, para Vox «el tema no existe como tal», según afirmó este martes Manuel Gavira al ser preguntado sobre el tema. «No se está encausando a Francisco Serrano de nada absolutamente», «Otra cosa es que, cuando llegue el momento oportuno, efectivamente se produzca una acusación, un encausamiento. En ese caso ya habrá que determinar de alguna manera las medidas oportunas», señaló Gavira.

El 60% de la empresa era propiedad del bufete legal de Serrano y el 40% de Pelegrín, su socio. Además Serrano cita como «promotor e ideólogo» del proyecto a Javier López, que no figura como administrador. Serrano ha indicado que dejó el cargo como administrador solidario de Bio Wood Niebla SL en octubre de 2017 y se desvinculó de lo ocurrido apuntando a su entonces socio como responsable de adquirir la maquinaria y gestionar esa ayuda.

La investigación se inició en octubre de 2019 tras una denuncia de la asociación de consumidores Facua a la que más tarde se unió una segunda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Serrano compareció y declaró voluntariamente ante la Fiscalía Provincial de Sevilla y ahora será la Fiscalía Superior la que determine si los indicios son de suficiente envergadura para levantar la condición de aforado.

Al ser Serrano aforado, si hubiera que proceder contra él habría que «levantar el aforamiento», explicó Gavira. «Lo único que hay es una diligencia donde aparece el nombre de nuestro compañero y presidente del grupo parlamentario Francisco Serrano. Es una diligencia que para que se eleve a investigación pues necesita, en la calidad de diputado que tiene Francisco Serrano, que se conceda el permiso de levantar el aforamiento que tiene».

Según Soledad Pérez, parlamentaria del PSOE, no les ha extrañado la actitud de Serrano ya que sabían que había venido a la política a confrontar, pero también a hacer negocio.

«Lo primero que hizo como parlamentario fue pedir la la compatibilidad con su despacho profesional para seguir ejerciendo como abogado y seguir cobrando del Parlamento», recordó Pérez.

Y recalcó que Serrano «no es un verso suelto, ni un elemento extraño» dentro de Vox, sino que es presidente del grupo y el responsable del acuerdo que hizo presidente a Juanma Moreno (PP). Además fue quien «marcó la estrategia política no sólo antimujeres y antifeminista, que por eso parece ser más conocido, sino también de una supuesta limpieza de la política». «Decía que apoyaba la limpieza, pero parece que a este justiciero se le puede aplicar el dicho: ‘Justicia señor, pero por mi casa no'», señaló.

Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, afirmó que la decisión de la Fiscalía «confirma que Vox ha venido a ensuciar la vida política». «Mientras este tipo de personajes de Vox critican la paguita y no les gusta que haya 400 euros para familias que lo pasan muy mal, son muy amigos de lo ajeno cuando hacen desaparecer o volatilizar 2,5 millones de euros de todos y todas. Es un dinero publico y tendrá que decir dónde está, porque se le ha birlado a la Hacienda pública», señaló.

Además, según ella, tanto los «insultos y el camorrismo», como la falta de «un dinero que debería haber sido justificado» son elementos que «ponen en su sitio a Vox y qué supone Vox».