ElDiario.es ha destapado en una exclusiva como la dirección de Vox ha puesto en marcha un mecanismo para que las subvenciones que reciben sus grupos municipales de los diferentes ayuntamientos donde tiene representación se desvíen a cuentas bancarias que maneja la cúpula del partido.

Según el medio, las instrucciones que ha dado el comité ejecutivo nacional a sus representantes en los municipios obligan a que la dotación presupuestaria que ingresan las administraciones locales a sus grupos municipales se transfieran a cuentas corrientes de Bankia y en las que las únicas personas autorizadas para operar son cuatro altos cargos Vox: el secretario general, Javier Ortega Smith; el gerente, Enrique Cabanas; el tesorero, Andrés Porta; y el vicesecretario jurídico, Pedro Fernández.

Este procedimiento sirve para que la dirección de Vox ejerza como intermediaria entre los ayuntamientos que pagan con fondos del presupuesto municipal y sus grupos de concejales. Además, faculta a que esta dirección del partido de ultraderecha pueda realizar todo tipo de operaciones: ingresar o retirar cantidades, constituir depósitos, percibir intereses, suscribir cheques y operar a través de Internet. La Ley de Bases de Régimen Local establece que las subvenciones de los ayuntamientos sirven para sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos municipales y no pueden destinarse a actividades externas.

El funcionamiento que estipula Vox para operar con esas dos cuentas es el siguiente: «Cada inicio de mes se hará un traspaso desde la cuenta de ingreso a la de gastos para cubrir todas las necesidades de funcionamiento de los grupos. Cualquier otro traspaso para cubrir una necesidad extraordinaria o eventual tendrá que ser solicitada al departamento de tesorería».

Los fondos que los ayuntamientos transfieren a los grupos municipales para que puedan llevar a cabo su actividad política han sido considerados subvenciones finalistas por el Tribunal de Cuentas, que ha reprochado en diferentes sentencias que se dedique a otros propósitos. Es dinero que cada partido político con representación municipal recibe del consistorio para sufragar sus gastos y va al margen de los sueldos que se pagan a concejales y alcaldes.

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