La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos​ es una de las normas esenciales del régimen jurídico de los partidos políticos en España. En la exposición de motivos de la ley se indica que su objetivo es «garantizar» el funcionamiento del sistema democrático:

…impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas.

Amnistía Internacional ya expresó su preocupación por la Ley de Partidos porque «a través de la ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos del proyecto de ley, se pudieran emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica». Dicha organización también solicitó al gobierno que «elimine toda ambigüedad de la Ley de Partidos Políticos que permita la prohibición de partidos políticos que abogan pacíficamente por modificar los principios constitucionales o las leyes, ya que dicha prohibición vulnera las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».

Como resultado de esta ley el Tribunal Supremo notificó la ilegalización el 28 de marzo de 2003 de Herri Batasuna así como a Euskal Herritarrok y Batasuna alegando su apoyo a la organización terrorista ETA. A su vez, por su presunta vinculación con Batasuna, posteriormente fueron ilegalizados Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas; por la misma razón se anularon las candidaturas de Herritarren Zerrenda, Autodeterminaziorako Bilgunea, Abertzale Sozialisten Batasuna, Aukera Guztiak, Demokrazia Hiru Milloi y Askatasuna, y también se ordenó disolver los grupos parlamentarios Sozialista Abertzaleak y Nafarroako Sozialista Abertzaleak.

Esta ley también se aplicó en la ilegalización del Partido Comunista de España, al considerar que junto con el GRAPO constituía una sola estructura terrorista.

Un paso más

Ahora, Vox, PP y Ciudadanos han pedido juntos en la Asamblea de Madrid que el Gobierno central proceda a ilegalizar «los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello» a través de una Proposición No de Ley (PNL), debatida en el Pleno de la Cámara autonómica, y que ha contado con el rechazo de PSOE, Más Madrid y Unidos Podemos-IU.

También a través de ella, han instado a la Unión Europea «que inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República) en la lista de organizaciones criminales y terroristas», remitiendo a tal fin expediente con los datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional.

Por último, han solicitado que se proceda «de inmediato» a suspender «cualquier pago y en su caso revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominados CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma».

Una medida con la voz de la extrema derecha

En el debate parlamentario, el diputado de Vox José Ignacio Arias ha justificado la presentación de esta iniciativa por «las centenares de imágenes y testimonios que desde hace más de dos años se están produciendo en Cataluña» pero ha hecho especial hincapié en las declaraciones de los CDR detenidos.

«La culminación de todos los actos violentos, tenencia de sustancias para fabricar explosivos, la tenencia de armas de guerra con el objetivo de asaltar el Parlamento catalán para que el señor Torra se pudiera atrinchear después de proclamar la República no ofrecen dudas», ha lanzado. A su parecer, quieren imponer «en Cataluña, y no a más tardar, en otras comunidades».

Un tiro en el pie

Llama la atención que el partido de ultraderecha Vox pida la ilegalización de un partido, abriendo una puerta que lleva años cerrada, cuando encima de la mesa está el debate de su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico al ir contra la igualdad y la discriminación así como por llevar iniciativas sin rango de ley a la Asamblea cuando ni siquiera creen en el Estado autonómico.

Recordando a Franco y Mussolini

El diputado de Unidas Podemos-IU Tito Morano ha recordado que «no hay ninguna condena judicial» y ni siquiera «una acusación formal» contra los CDR por lo que ha afeado que estén planteando que el Ejecutivo les declare culpable «sin juicio».

Además, en cuanto a la ilegalización de partidos, Morano ha sostenido que lo planteado se basa en «una normativa legal de Franco y de Mussolini», por lo que solo tiene un nombre: «fascismo». «Les pido a PP y Ciudadanos que no sigan bailando al sol que toca Vox porque es un son de marchas militares», ha señalado, para a continuación incidir en que quiere él quiere derrotar a sus enemigos políticos pero no «encarcelarlos».

El diputado Más Madrid Pablo Gómez Perpiyà ha sostenido que Vox ha pasado «una línea roja» y ha calificado al iniciativa «esperpento político y legal». «Ilegalizar a los partidos… ¿qué tupo de ley de la selva creen que tenemos por Constitución?», ha preguntado a la bancada. A su parecer, el verdadero problema es que PP y Ciudadanos «han roto el espíritu» de la Transición al pactar con «las rémoras del Franquismo». «En democracia las leyes las aplican los jueces y los tribunales, y no de forma arbitraria», ha subrayado.

Vídeo Recomendado:

1 Comentario

  1. Los VALORES DEL FRANQUISMO estaban seguros con FRANCO en el centro de las atenciones o en el Valle de los Caídos; por eso, todos los franquistas decían y decían sin parar siempre ése «¿por qué remover los muertos o la dura historia?» para que todo siguiera igual o los valores del franquismo asimismo siguieran igual y SEGUROS con un dejar todo como está, el cual beneficia pillamente a ellos.
    Pero ahora los valores del franquismo gracias a VOX se refuerzan, sacando frases y los valores de la Falangue y persiguiendo a inmigrantes o a lo que no es puramente nacionalrracista.
    Sí, ahora depende de esos responsables o irresponsables votantes el que haya una ética reacción; pero, aunque reaccionen, los valores del franquismo ya tienen MARCA y MARKETING imborrables, y vencedores por tal «imagen» rescatada en el centro de una democracia humillada. José Repiso Moyano
    Todas estas cosas son muy serias, porque DESTRUYEN demasiados bienes de todos.

Deja un comentario