Amaia Martínez Grisaleña, representante de Vox en el Parlamento Vasco, va a forzar una votación para que se cancele el acuerdo firmado alcanzado en octubre entre el Gobierno autonómico, las tres diputaciones y las autoridades de Canarias para la acogida de 15 menores extranjeros no acompañados llegados a las islas.

La iniciativa irá al Pleno porque es un trámite que no se puede impedir, según argumentan fuentes parlamentarias a Público. En principio, se supone que no intervendrá nadie, salvo Vox, y después se irá directamente a la votación. En Euskadi los partidos le han hecho un cordón sanitario y así impiden que sus iniciativas o intervenciones tengan repercusión.

Vox arranca su argumentación asegurando que la izquierda «vasca, independentista y radical ha decidido nutrir sus filas con el millar de menas (datos de 2018) repartido entre las tres provincias vascas». «Esto demuestra el grave riesgo que supone la importación ilegal y descontrolada de personas susceptibles de adherirse a grupos violentos que alteran el orden público y la convivencia», señalan según el documento al que ha tenido acceso Público.

Vox quiere vetar la llegada a Euskadi de 15 menores extranjeros con una campaña que mezcla migración, botellones e independentismo / Imagen: EFE
Vox quiere vetar la llegada a Euskadi de 15 menores extranjeros con una campaña que mezcla migración, botellones e independentismo / Imagen: EFE

Sin embargo y tal y como explica el citado diario, no aclaran nada sobre los grupos a los que se refiere y la única referencia de la iniciativa para sostener esto es un enlace de Ok Diario, el medio digital ultraderechista de Eduardo Inda.

La formación de ultraderecha asegura que «de forma paralela al incremento notable de la inmigración ilegal que está sufriendo» España «se está produciendo, igualmente, un incremento de la delincuencia perpetrada por inmigrantes ilegales». «La tasa de los menores condenados de nacionalidad extranjera es casi tres veces superior a la de los españoles», añade Vox acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de alentar un «efecto llamada» con sus políticas de acogida. Una mentira que ya ha sido aclarada en sucesivas ocasiones. Por ejemplo, según los datos registrados por el INE en 2019, el 75% de los condenados ese año eran de nacional española.

La diputada Martínez Grisaleña expone además que: «Asimismo, los fines de semana estos menas se dejan ver en los botellones y fiestas de todo el País Vasco, festejos que terminan cuando la Policía autonómica disuelve las concentraciones. Esto ya ha ocurrido en San Sebastián, Gorliz, Bermeo, Portugalete, Lequeitio, Deba [sic], Bilbao, Urretxu, Villabona, Plencia, Arrigorriaga y Santurce. Los problemas incluso han llegado hasta más al sur, a Aibar (Navarra)»

Y continúa: «La historia se repite todos los fines de semana: grupos de jóvenes que lanzan todo tipo de objetos a los ertzainas que llegan para disolver los botellones. Por su parte, resulta perentorio resaltar que el problema de la Policía es que cuando se detiene a alguno de estos menores poco se puede hacer contra ellos, a causa de la sumamente laxa legislación vigente en esta materia, ya que las sanciones económicas recaerían sobre sus tutores, en este caso las correspondientes diputaciones, y no pueden ser expulsados de España por razón de su edad ni encarcelados porque no tienen edad penal. La lista es interminable, pero no pasa nada. No hay consecuencia jurídica».

Denuncia falsa contra un grupo de jóvenes magrebíes

Esta nueva campaña contra los menores extranjeros se produce después de la polémica por la denuncia falsa de Begoña L.V. que fue candidata de Vox en las elecciones forales de 2015 de Álava, caso que ya ha sido admitido a trámite en un juzgado de instrucción de la capital vasca. Esta mujer acusó públicamente a un grupo de jóvenes magrebíes de agredirla aunque la investigación policial no encontró rastro de ellos en las grabaciones del entorno en que aparentemente se produjeron los hechos.

Tal y como recoge elDiario.es, la denunciante afirmó en el canal Toro TV: «Estoy convencida de que si llegan a ser cuatro madrileños se pone que fueron cuatro madrileños. Pero han sido cuatro magrebíes. Es que hay que llamar a las cosas por su nombre. Han sido cuatro magrebíes y punto. Con odio, han ido a hacer daño. Está pasando… No quiero que mañana le pase a una niña de 15 años. O les echamos o hacemos algo o va a seguir pasando. ¡Vete a tu país! Yo si voy a tu país acepto tu cultura. Si me tengo que poner un velo, me lo pongo encantada. Si vienes aquí no me trates a mí como tratas a las mujeres en tu país. Irene Montero, ¿me ha escrito? ¡No! Porque son sus niños. Las feministas tenían que estar en la calle, pero son los niños a los que les dan la paguita».

La reforma que pretende acabar con la exclusión de los menores y jóvenes migrantes

Pero por mucho que se empeñe la ultraderecha en deshumanizar a los menores migrantes, recientemente el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha logrado aprobar la reforma en materia migratoria de mayor calado hasta ahora, una modificación del reglamento de Extranjería para facilitar el acceso a los papeles a los menores migrantes no acompañados y a los jóvenes extutelados, una medida que ha sido celebrada por el Defensor del Pueblo y decenas de organizaciones sociales.

Los cambios ponen fin al limbo jurídico que convertía cada año a cientos de chavales tutelados en meros migrantes irregulares después de años de inversión autonómica en su manutención y formación.

El Ministerio calcula que el Real Decreto facilitará el acceso a permisos de residencia y trabajo a alrededor de 8.000 menores migrantes solos que actualmente se encuentran bajo el sistema de protección de las comunidades autónomas y entre 7.000 y 8.000 mayores de edad extutelados, hasta los 23 años.

Además, se reduce el plazo para acreditar la «imposibilidad de retorno» de nueve a tres meses; la autorización inicial de residencia pasa de uno a dos años de vigencia y tras la primera renovación pasa a tener validez durante tres años; la primera autorización de residencia llevará aparejado el permiso de trabajo a partir de los 16 años y se acaba con una de las mayores limitaciones que los chavales encontraban a la hora de renovar sus permisos de residencia: acreditar ingresos económicos suficientes, reduciéndose a 470 euros al mes los ingresos necesarios.

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