Este miércoles, el Tribunal Supremo abordará el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la absolución del exfutbolista Xabi Alonso por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en relación con tres delitos fiscales durante los años 2010, 2011 y 2012.
En este caso, los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo analizarán los argumentos de la Abogacía del Estado, que argumentó ante el TSJ de Madrid que la absolución de Alonso vulneró la tutela judicial efectiva debido a la valoración “irracional, ilógica, arbitraria e incoherente de la prueba” durante el juicio.
La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del TSJ de Madrid, que confirmó la absolución de Alonso por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. En esa sentencia, el tribunal concluyó que, aunque Alonso no informó sobre los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen en las declaraciones fiscales de los años en cuestión, no hubo intención de ocultación por parte del exjugador, lo que hizo imposible apreciar la simulación.
El TSJ consideró que Alonso actuó “en la creencia de que ese proceder era conforme a Derecho” y subrayó que no se trataba de ingresos “opacos, ocultos o falseados” ni excluidos por el contribuyente del conocimiento de la Agencia Tributaria.
El conflicto se centra en el periodo entre 2010 y 2012, cuando Alonso, que entonces jugaba para el Real Madrid, no declaró los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen. En 2009, antes de tener residencia fiscal en España, cedió la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali, radicada en Madeira, Portugal, a cambio de 5 millones de euros.
La Fiscalía acusó a Alonso y a dos de sus asesores de eludir el pago de aproximadamente 5 millones de euros en impuestos correspondientes a los años fiscales mencionados. La situación fiscal del exfutbolista se complicó cuando, tras su fichaje por el Real Madrid en 2009, adquirió residencia fiscal en España.
El resultado de esta audiencia ante el Tribunal Supremo determinará el futuro legal de Xabi Alonso y arrojará luz sobre la complejidad de los casos fiscales que involucran a figuras públicas y sus derechos de imagen en el mundo del deporte. La decisión final tendrá implicaciones significativas tanto para Alonso como para el sistema de justicia fiscal en España.
