La plataforma ciudadana Xnet ha llevado al Congreso, a través de ERC y Compromís, una proposición de ley de protección integral de los alertadores de corrupción que busca mejorar la directiva que se aprobó el pasado mes de abril en el Parlamento Europeo y que propone, entre otras cosas, garantizar el anonimato de las denuncias y proteger a quienes avisan de malas prácticas y también a los medios de comunicación que destapen irregularidades.
El objetivo de la norma es contribuir a consolidar los sistemas de control y alerta sobre irregularidades en el ámbito público y privado, ofreciendo en ambos sectores una protección integral a los alertadores de informaciones que revelen irregularidades y acciones y omisiones dolosas o imprudentes susceptibles de causar daños y amenazas al interés general.
Simona Ley, fundadora de Xnet, plataforma que impulsó el 15MpaRato que llevó al exvicepresidente del Gobierno ante los tribunales, ha explicado que la iniciativa persigue incorporar la legislación española la figura del alertador (whistleblower) que está presente en las leyes anglosajonas desde 1776.
Levy ha diferenciado entre esta figura y la del denunciante, que sí existe en la legislación española. El denunciante es la figura física o jurídica que denuncia a otra dando su nombre, mientras que el alertador es quien pone una presunta irregularidad en conocimiento de las instituciones que son las que, de oficio, deben investigar los presuntos delitos contra el interés general.
