Luis Berraquero y Juande Fernández

Sería bonito pensar que los colores verde y blanco de la bandera andaluza representan el respeto por la naturaleza y la paz. Sería bonito pensar que esos colores, que también representan valores de Greenpeace y por los que esta organización lleva trabajando más 40 años, son los que inspiran al gobierno de esta región. Sin embargo, la realidad de la comunidad autónoma que concentra mayor población del estado no es muy halagüeña.

En lo ambiental, Andalucía alberga espacios costeros altamente contaminados como las balsas de fosfoyesos y las marismas de Mendaña, ambos en Huelva o como el polo industrial de la Bahía de Algeciras; posee también la tercera central térmica más contaminante del estado situada en Almería, amén de otras dos centrales térmicas de carbón, localizadas en Cádiz y Córdoba; Andalucía tiene un 15,4% de su costa degradada, con aberraciones urbanísticas como al Algarrobico aún en pie, y con nuevas amenazas como las que se están dando en el faro de Trafalgar de Cádiz.

Con respecto a la paz, la situación no es más esperanzadora. Bases militares extranjeras afincadas en el territorio, conviven con fábricas, industrias auxiliares y subcontratas dedicadas a la fabricación de material bélico. En Cádiz se fabrican corbetas que son vendidas a Arabia Saudí y en la fábrica de armas de Santa Bárbara en Granada se hace armamento con el mismo destino, incumpliendo la normativa sobre venta de armas y los tratados internacionales. Hemos de recordar que Arabia Saudí está implicada en la guerra de Yemen, donde han muerto más de 6000 civiles.

El 2 de diciembre, Andalucía tiene una cita en las urnas y, como cada vez que hay elecciones, los diferentes partidos políticos y sus representantes realizarán un esfuerzo porque escuchemos sus propuestas. Sin embargo, como andaluces, consideramos que también es momento de que se escuchen las demandas de las personas que forman la sociedad civil y que piden un cambio en las situaciones que hemos descrito anteriormente. Por esta razón desde Greenpeace hemos lanzado una serie de propuestas que afrontan los principales retos ambientales que encara Andalucía en los próximos años. Propuestas que ponen la sostenibilidad de los socio-ecosistemas en los que se basa la economía andaluza en el centro del debate. Comentaremos a continuación algunas de ellas.

Balsas de fosfoyesos en la marisma del Tinto

El cambio climático es probablemente el mayor desafío al que se enfrenta Andalucía en los próximos años. Los escenarios de cambio climático desarrollados para Andalucía alertan de algunas de sus consecuencias, entre las que se encuentran el aumento de la desertificación, el aumento y virulencia de incendios forestales, fenómenos meteorológicos extremos como sequías prolongadas o episodios de lluvias intensas o la pérdida de litoral debido al aumento del nivel del mar. Es por ello, que Andalucía debe tomarse en serio el objetivo asumido por el Acuerdo de París de no aumentar más de 1,5º la temperatura global del planeta. Para ello, la transición energética hacia fuentes energéticas renovables emerge como una necesidad, pero también como una oportunidad para generar un tejido económico vinculado a la investigación, producción y mantenimiento de energía renovable. Es imprescindible ambientalmente, necesario económicamente y factible técnicamente, que Andalucía produzca el 100% de su energía de forma sostenible en el año 2050. Para ello, deben trazarse objetivos a corto plazo para garantizar el cierre de centrales térmicas que no estén basadas en fuentes renovables, así como para que se favorezca la autoproducción y autoconsumo de energías renovables. Es necesario por otra parte, que se dé una mejora de la eficiencia y ahorro energético que consiga reducir en el año 2030, el 55% de sus emisiones de CO2 con respecto al año 1990. Para ello, habría que modificar los objetivos poco ambiciosos de la recién aprobada por unanimidad Ley de Medidas frente al Cambio Climático.

El polémico hotel de El Algarrobico.

El sector agro-industrial andaluz también necesita un giro hacia la sostenibilidad. Más de una cuarta parte del cultivo de regadío del estado español se encuentra en Andalucía y, teniendo en cuenta los impactos que el cambio climático tendrán en la disponibilidad de agua, la gestión de los recursos hídricos será un elemento clave para el futuro del sector agrícola. Por tanto, debería replantearse qué y cuánto se está regando. Cultivos tradicionalmente de secano como el olivo, almendro, o la vid,  han pasado a ser intensamente regados y dependientes del agua, lo que en una situación de escasez, pondría en serio peligro el futuro de la agricultura andaluza. Por otra parte, si bien es cierto que Andalucía es la región con mayor superficie agrícola destinada a la producción ecológica (más del 50% del total de la superficie de agricultura ecológica total y un 23% de su superficie agrícola utilizada), la mayor parte de esa producción se destina a la exportación. Es decir, el agua invertida en la producción de dichos productos, es exportada hacia países cuya disponibilidad de agua es mayor. No obstante, este tipo de producción supone una mejora innegable para la naturaleza y también para los/las agricultores/as. Por eso, es necesario que el próximo gobierno andaluz desarrolle un nuevo plan de agricultura ecológica que permita incrementar la superficie de producción ecológica hasta alcanzar al menos el 40% de la superficie cultivada para 2030, así como que garantice el aumento del consumo local dicha producción. Por otra parte, Andalucía tiene un objetivo pendiente con aquellas prácticas más dañinas para la agricultura como el cultivo de transgénicos, siendo la cuarta comunidad autónoma en cuanto a superficie de transgénicos, lo cual supone una amenaza para la superficie de cultivos de agricultura ecológica. La prohibición de los cultivos transgénicos comerciales y experimentales al aire libre, así como el uso del glifosato es, por lo tanto, una medida que el próximo gobierno de la Junta de Andalucía debería tener en la agenda.

De los más de 30 millones de personas que han visitado Andalucía durante el 2018,  muchas de ellas han tenido como destino turístico sus ecosistemas costeros. Andalucía es la tercera comunidad del estado español que tiene la costa más degradada con un 15,4%. El incremento del sector turístico provoca la paulatina sustitución de los sistemas económicos más tradicionales ligados al mundo rural por la dedicación exclusiva hacia un sector con una alta dependencia de capital extranjero y con un alto grado de variabilidad. La Costa del Sol es una de las más transformadas de toda la costa española y la tendencia no cesa, dado que  recientemente se está destruyendo el último espacio de playa sin urbanizar, localizado en la playa del Arraijanal. Por otra parte, esta presión urbanística se ha materializado en la proliferación de urbanizaciones ilegales. El hotel de El Algarrobico es un desastroso icono de esa presión urbanística: se construyó en un parque natural, en suelo no urbanizable y a menos de 20 metros de la orilla del mar, en contra de lo que dicta la ley de costas. Desde la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016 señalando que es un área ambientalmente protegida y no urbanizable, la Junta de Andalucía ha continuado con una actitud abúlica y de inacción. Acabar con este símbolo de la desidia ambiental, debería ser un objetivo prioritario de cualquier partido que concurra a las elecciones al Parlamento de Andalucía. Sin excepciones.

Vista aérea de la costa de Marbella. Andalucía es la tercera comunidad del estado español que tiene la costa más degradada con un 15,4%.

Andalucía encara otros retos de los que Greenpeace es más que consciente. La reducción del desempleo y las injusticias sociales podrían estar entre los principales. Retos para los que se hace necesario un cambio en el modelo económico y social, que esté basado en la utilización justa y sostenible de los recursos socio-ecológicos que disponemos en la actualidad y que deberían disfrutar nuestras generaciones futuras. Acabar con el desempleo y la injusticia social sin tener en cuenta este paradigma sería mirar hacia otro lado, evitar un conflicto que tarde o temprano se deberá encarar. Andalucía tiene potencialidad para ser un referente en ese cambio de paradigma y, desde Greenpeace, trabajamos para que eso sea posible. Para lograr que, además de los significados culturales e históricos que ya tienen el verde y el blanco de la bandera andaluza, adquieran otros que se identifiquen con el verde de la defensa del medio ambiente y el blanco de la defensa de la paz.

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