Este lunes, el Tribunal Constitucional tomaba la sorprendente decisión de paralizar la tramitación parlamentaria de una reforma legislativa que desbloqueaba la renovación del propio órgano de garantías.
El Tribunal ha avalado la petición del PP por seis votos (los magistrados del sector conservador) frente a cinco (los progresistas) y ha suspendido esa tramitación, solo tres días antes de que se votase definitivamente en el Senado la reforma del Código Penal en la que el Gobierno había incluido dos enmiendas por las que se modificaba el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha sumado a las críticas por parte del Ejecutivo al Alto Tribunal, y ha acusado al Partido Popular de provocar una «enorme crisis institucional» y de «violentar» la Constitución al impedir la renovación de los órganos judiciales.
Por ello, ha anunciado que el Gobierno tomará las medidas que sean necesarias para cumplir con ese mandato de la Carta Magna, sin entrar en más detalles.
Según la vicepresidenta segunda del Gobierno, esta decisión del TC es «lo más grave que ha pasado en democracia» y ha señalado que es la «primera vez en 40 años» que se toma una resolución de este calibre.
Díaz ha manifestado que este hecho revela que el «objetivo deliberado de las derechas» en España es «impedir los avances y las transformaciones sociales» que impulsa el Gobierno, dado que «no es casual que recurran» la mayoría de leyes aprobadas como la reforma laboral, la normativa sobre eutanasia o del aborto.
Además, la ministra de Trabajo, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado, ha recordado que el artículo 66.3 de la Constitución recoge la inviolabilidad de las Cortes Generales, lo que significa que los diputados están protegidos en el ejercicio de su voto.
Yolanda Díaz también le ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el actuar de «forma temeraria» y tener un comportamiento «cuestionable en términos democráticos», dado que el recurso presentado por el PP ante el Alto Tribunal era para evitar la votación de la reforma del Poder Judicial.
«Sabemos que no reconoce al Gobierno legítimo», ha señalado. Y ha añadido que el dirigente gallego tiene un «serio problema con la democracia».
La ministra de Trabajo ha pedido a la ciudadanía que, ante esta crisis, tenga «sosiego», «serenidad», «concordia» y «tranquilidad», dado que la democracia en España es «fuerte» y «sólida».
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