Este lunes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que suba el salario mínimo interprofesional (SMI) en torno a un 10%, para llevarlo de los actuales 1.000 euros mensuales a los 1.100 euros al mes.
El secretario general de UGT ha dejado claro que si no se llega un acuerdo habrá movilizaciones en otoño para conseguir unas mejores condiciones: «Si no hay un cambio de posición por parte de la Patronal, con toda seguridad. No vamos a permitir que los salarios no mantengan el poder adquisitivo. Es fácil de entender, si vivíamos con un salario X el año pasado, este año para tener la misma situación tenemos que tener el salario más la inflación. En ese sentido, de la misma manera que en Gran Bretaña estamos viendo grandes movilizaciones y que en otros países europeos las hay y las va a haber, en España también, con toda seguridad, a partir del mes de septiembre vamos a entrar en una situación de conflictividad si no hay un acuerdo que permita mantener el poder adquisitivo».
Álvarez ha insistido en que los sindicatos están determinados a que los salarios crezcan por encima de la inflación. «Estamos pendientes de que la patronal esté de acuerdo en sentarse. Se levantaron de la mesa y tienen que volver. Queremos evitar a este país una ola de huelgas, algo totalmente innecesario para llegar a un acuerdo justo para las personas», ha apuntado.
Este miércoles, Pepe Álvarez ha intensificado su presión sobre los empresarios y ha responsabilizado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de que en España se reproduzcan “grandes movilizaciones” como las que se están gestando en países como Inglaterra, Francia o Países Bajos.
Las dos alternativas de la CEOE
El líder sindical ha advertido a la CEOE de que tiene dos alternativas: “O enfrentar un otoño, un mes de octubre, finales de septiembre, de movilizaciones generales en el país; o retornar a la mesa de concertación”.
Álvarez no ha advertido solo a los empresarios sino también al Gobierno al que ha avisado de que el aumento de los sueldos de los empleados públicos debe abordarse inmediatamente.
Las centrales sindicales cuentan con el apoyo de Yolanda Díaz
Las centrales sindicales cuentan con el apoyo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en esta batalla, aunque no se ha pronunciado públicamente al respecto.
CCOO y UGT están lazando estos días avisos a la CEOE, aunque desde las centrales sindicales adelantan a La Información que no descartan abrir un frente al Gobierno si no amplía el escudo social para proteger del alza de la inflación a los colectivos más vulnerables.
La prioridad de CCOO y UGT es la subida de sueldos. La pasada primavera, los agentes sociales tiraron la toalla en la negociación del AENC y, desde entonces, la patronal se ha dedicado a bloquear los convenios, según denuncian los sindicatos.
Fuentes de UGT insisten en que en esta primera batalla del conflicto, que tendrá lugar en otoño, no van contra el Gobierno, sino contra la patronal, porque “la responsabilidad de que suban los sueldos en el sector privado es de las organizaciones empresariales”.
Mensajes de la ministra de Trabajo
Los líderes sindicales son conscientes de que cuentan con el respaldo de Yolanda Díaz, quien el pasado mes de junio escribía el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “La inflación es hoy el principal problema de nuestro país. La gente está sufriendo la subida general de los precios, se están empobreciendo cada día. Los salarios no son los culpables, sino las víctimas de la inflación. Las nóminas no deben soportar la crisis”.
A continuación, lanzaba un nítido mensaje a la patronal y a las grandes empresas energéticas: “La patronal española y las grandes empresas, especialmente las energéticas, tienen que asumir su responsabilidad. Es el momento de redistribuir las cargas, que los que más tienen arrimen el hombro por su país. Tenemos que recortar los márgenes de beneficios por el bien común”.
“Las familias no pueden soportar más esta situación, tenemos que proteger a la gente para que puedan sacar su vida adelante. Hay margen para que los salarios suban. La democracia se defiende con más derechos”, añadía la ministra de Trabajo.
Más recientemente, en una entrevista concedida a un medio latinoamericano, Yolanda Díaz ha admitido que los técnicos de su departamento perciben ya la ralentización del mercado laboral y que la recta final del año puede ser complicada, sobre todo si Rusia corta el gas a Alemania. La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha reconocido que lo “crucial” es el “malestar social” que genera esta situación económica.
“La inflación no es un simple dato: entra en todas las casas, enfada a todo el mundo y hace que hablemos permanentemente de dinero; se está percibiendo en la cesta de la compra, se percibirá cuando regresemos con nuestros hijos e hijas a la escuela y a las compras de material escolar y de los libros de texto”, ha afirmado.
Díaz deberá soportar la presión sindical para la subida del SMI
Díaz no tiene capacidad para influir en los sueldos del sector privado, pero sí manda es en el salario mínimo interprofesional (SMI) y ahí va a tener que soportar la presión sindical. CCOO y UGT están exigiendo ya que el SMI se sitúe en 2023 muy por encima de los 1.049 euros.
Díaz ha convocado a los expertos el próximo 2 de septiembre y ese día arrancará el proceso para determinar la subida. El Gobierno no está obligado a abrir un diálogo social, aunque sí debe hacer una consulta a los interlocutores y la CEOE se posicionará en contra, ya que desde la patronal han adelantado que no apoyarán un nuevo encarecimiento de los costes laborales, aunque insisten en que “es una decisión exclusiva del Gobierno”.
En cuanto a la negociación del AENC con los sindicatos, fuentes de la cúpula de la organización empresarial avanzan que se sentarán con los sindicatos, pero no aceptarán las cláusulas de revisión y que exigirán hablar no solo de subidas salariales, sino también de productividad, de absentismo, de formación, o del desarrollo de asuntos que quedaron pendientes en la reforma laboral, como algunos relacionados con los contratos fijos discontinuos.
