La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha informado este martes, tras la conclusión del Consejo de Ministros, de la aprobación del plan Garantía Juvenil Plus, con el que el Gobierno pretende hacer frente al desempleo juvenil, dentro del Plan Estratégico Juventud Avanza, que tendrá una dotación presupuestaria de 4.950 millones de euros.
“Es la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la democracia para abordar uno de los problemas más grandes que tiene este país”, ha señalado Díaz.
Con una extensión de 85 páginas, el plan, que se desplegará entre 2021 y 2027, contempla 69 medidas con las que se pretende incorporar al mercado laboral a la población más joven, y con ello reducir las cifras de desempleo juvenil que alcanza, en estos momentos, al 37,7% de los menores de 25 años.
Para su diseño se ha trabajado conjuntamente con las 17 comunidades autónomas, además de haberse sometido al diálogo social con sindicatos y patronales.
El proyecto de la ministra se vertebra alrededor de seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional. Díaz ha puesto sobre todo énfasis en el primero de estos puntos: la orientación.
Asegura Díaz que con el despliegue de este programa se llevará a cabo una “formación de tecnólogos y tecnólogas de la que carecemos en este país” que permitirá a los orientadores conocer más de cerca las necesidades del mercado en los distintos territorios, y afinar aún más las búsquedas de oportunidades.
Se establece, asimismo, un plazo de cuatro meses para que aquel joven que hubiera recurrido al programa reciba una respuesta directa por parte de la Administración. Esta atención “consistirá en una buena oferta de empleo estable o de carácter formativo, o bien la posibilidad de recibir acciones educativas/formativas adaptadas al perfil y necesidad de la persona usuaria, en el ámbito de Garantía Juvenil en el plazo de cuatro meses desde la inscripción”, detalla el programa.
Durante su comparecencia, Díaz ha querido mandar un mensaje a las empresas españolas, a las que ha pedido que se involucren en esa lucha contra la precariedad de los trabajadores jóvenes: «Pido implicación de las empresas, cambiar la cultura empresarial para alcanzar la calidad en el empleo y retorno de los jóvenes. No podemos tener a jóvenes con contratos de 476 euros. Esto habla muy mal de las empresas españolas», ha dicho.
«Si tenemos trabajos precarios», ha señalado, «tenemos empresas precarias. Necesitamos jóvenes incorporados al mercado de trabajo, pero con condiciones dignas», sentenció.
«Queremos formalizar las transiciones entre el mundo de la formación y el de la empresa. Hay dos factores claves en España: hay una parte de la población joven, menores de 30, con escasa formación; pero también hay un porcentaje muy elevado de jóvenes con cualificación excelente. Estos dos extremos están operando como un factor de expulsión del mercado de trabajo a día de hoy», ha advertido Díaz.
La ministra también ha señalado que está trabajando en una «reforma sustancial» del contrato temporal para evitar que las empresas generen precariedad e inestabilidad en el empleo: «El modelo es brutal y sí, vamos a estar ante una reforma de fondo, de calado, vamos a reducir la temporalidad de los contratos, que es la gran anomalía española. Solo se puede acudir a la temporalidad cuando exista una causa que la justifique», ha explicado Díaz.
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No podemos ofertar formación no reglada a cargo de los presupuestos del SEPE para jóvenes sin estudios mínimos ofreciendo certificados de profesionalidad a los que no pueden acceder. Se echa en falta a la ministra de igualdad, que tanta boca hace últimamente, en defensa de una formación no reglada que no avoque a mujeres a puestos de trabajo feminizados históricamente.
Los certificados de profesionalidad, creados entre otras finalidades, han de suponer un recurso para promocionar y reconducir a la personas sin estudios no solo al sistema académico (como promoción) sino a reinsertarse en el mercado de trabajo en sectores de actividad alternativos huyendo de la clasificación por géneros.