En mayo de 2019, el Gobierno del PSOE implementó el control horario de la jornada laboral para evitar el gran número de horas extras sin registrar y, por lo tanto, sin cotizar de los trabajadores en España.
Desde entonces y hasta el 20 de septiembre de 2021, la Inspección de Trabajo ha detectado 1.274 infracciones en dicho control por parte de las empresas y ha impuesto sanciones por un total de 1.530,24 millones de euros.
En concreto, en 2021, hasta el 20 de septiembre, la Inspección impuso sanciones por un valor de 514,9 millones de euros tras detectar 401 infracciones. Esta cantidad se suma así a los 241,15 millones en sanciones registradas entre mayo y diciembre de 2019, cuando se detectaron 225 infracciones, y a los 774,19 millones en sanciones impuestas en todo 2020, por 648 infracciones.
Por tanto, la cuantía de las sanciones impuestas en este año hasta el 20 de septiembre supone el 66,5% del importe total de las sanciones registradas en 2020, mientras que, las 401 infracciones detectadas en los nueve primeros meses de 2021 suponen el 61,8% de las 648 registradas el año pasado.
Por otra parte, en plenas negociaciones de la reforma laboral entre el Gobierno y los agentes sociales, con los nuevos ERTE y la temporalidad en el punto de mira, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido el pasado viernes que la labor de Inspección de Trabajo ha conseguido transformar más de 300.000 contratos temporales en indefinidos en lo que va de año.
La ministra señaló, además, que se había logrado la regularización en la Seguridad Social de 50.191 empleos irregulares en el último año, tras incrementar la Inspección de Trabajo su actividad en un 355%.
En relación a las empresas que tienen trabajos temporales con duración superior a 24 meses, se han convertido en indefinidos 267.000 contratos de trabajo en fraude en tres meses y, en lo que va de año, han sido 280.565 contratos temporales irregulares los que se han transformado en indefinidos.
El pasado martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023 para vigilar el buen uso de las prácticas y relaciones laborales y para perseguir y sancionar el fraude en esta materia.
La hoja de ruta aprobada contempla una serie de objetivos en los que se pretende incorporar la lucha contra la precariedad en el papel que ya juega la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude laboral.
También se creará una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación, para combatirla de forma real y eficaz, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual, por ejemplo. Yolanda Díaz ha explicado que la intención de esta nueva oficina es la de «actuar en la relación laboral desde el principio hasta el final».
La Unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional se centrará en la detección de «empresas buzón», es decir, aquellas que no tienen actividad real en el país de origen, en este caso España, pero que operen en otros países de la Unión Europea, o viceversa.
La Inspección de Trabajo también contará con una nueva etapa de modernización que, además de impulsar a las nuevas tecnologías, el «big data» y la Inteligencia Artificial en el diseño de las actuaciones inspectoras, incorporará perfiles para afrontar los nuevos retos que surgen con la mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.
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